Gerenciamiento en la mira

Las denuncias presentadas por distintos núcleos opositores en Talleres, hallaron eco en el fiscal Carlos Matheu, quien remitió la causa para que se investigue el proceder del juez Tale, del Organo Fiduciario y del propio Carlos Granero.

El fiscal Carlos Matheu remitió la causa por la cual piden que investiguen al juez Carlos Tale, quien maneja la quiebra del club Talleres, al presidente de Ateliers SA, Carlos Granero, y al órgano fiduciario, por supuestas irregularidades en la licitación para el gerenciamiento de la entidad albiazul.

La causa fue remitida a Gustavo Reynaldi (hoy jura como juez de Control), y en caso de que se comprueben las denuncias con pruebas fehacientes, las partes involucradas pueden ser destituidas y removidas, con nulidad absoluta al proceso de licitación y gerenciamiento.

Las denuncias son por defraudación, por administración fraudulenta y como partícipes necesarios de dicha causa. En tanto, a los fideicomisarios les reclaman además abuso de autoridad y falsedad ideológica; mientras que al magistrado le corresponde otra denuncia por omisión o incumplimiento de sus deberes como funcionario público.

«Es un avance muy importante. Los elementos presentados son contundentes, y la evaluación puede ser crucial en un corto o mediano plazo», expuso el abogado Alejandro Pérez Moreno, defensor de la parte querellante, encabezada por los ex presidentes Miguel Srur y Hegidio Heyd.

El accionar subsiguiente se remite a que si se comprueban las irregularidades, la causa avanzaría con la citación de las partes a declarar.

«No solo recuperamos el terreno que perdimos cuando la causa regresó a la fiscalía, sino que avanzamos debido a que contamos con dos jueces que sostienen las irregularidades del pliego de licitación. Quiero reconocer el trabajo del fiscal Matheu, porque en solo dos semanas, dio el visto bueno a nuestra investigación. La maduración del proceso sigue en curso y con un panorama alentador», añadió el abogado.

Cabe recordar que a fines del 2006, la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Hugo Amayusco, consideró el interés de investigación ante las denuncias y las pruebas presentadas por los sectores opositores. El procedimiento continuó con el paso a la Jueza de Control Ana María Lucero Offredi, quien después de evaluar el archivo durante tres meses, resolvió apartarse de la causa y devolvió el expediente a la fiscalía de turno.

“No es una imputación.” Martín Berrotarán, abogado defensor del órgano fiduciario, salió a aclarar la posición de sus patrocinantes, exponiendo que no recibieron una imputación sino que apenas sigue el curso de denuncias: «Como un fiscal no puede investigar a un juez, por razones de categoría, lo único que hizo fue pasarle la causa a un juez de Control. Recién ahí el magistrado podrá dictaminar la investigación o no de las denuncias realizadas sobre las partes involucradas. Eso no es una imputación», argumentó Berrotarán.