En agosto de 2020, la “T” rechazó el pago del 2% de las operaciones porque ya lo tributaba en AFA, razón por la que le suspendieron la afiliación. ¿Hay solución?

El conflicto que enfrenta a Liga Cordobesa de Fútbol (LCF) con uno de sus afiliados más importantes, como es el caso de Talleres, cumplió un año. Arrancó en agosto de 2020, cuando la directiva albiazul que encabeza Andrés Fassi se negó a pagar el dos por ciento de las operaciones que había realizado, algo que había hecho históricamente. El club entendía que era una “doble imposición”, ya que también abonaba un cargo similar a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e invitaba a redefinir el concepto del jugador “originario”.

La LCF, liderada por su presidente Alejandro Fernández y el tesorero Emeterio Farías, procedió a suspender la afiliación de Talleres, lo que afectó a las categorías menores que compiten en sus torneos, ya que no pudieron sumar los puntos que obtenían en la cancha. Además, tampoco pudieron modificar sus planteles, ya que la medida también tuvo un efecto administrativo. La consecuencia más dura la sufrió el equipo femenino; al no poder dar de baja o de alta a nuevas jugadoras – y además, afrontar una serie de contagios de Covid-19–, no pudo presentarse a las tres primeras fechas del torneo oficial por no contar con el mínimo de siete jugadoras, razón por la que fue expulsado e impedido de participar por tres años más.

Tanto en Liga como en Conmebol se exige a los clubes la presentación de un equipo femenino en “competencia oficial”, pero abre la alternativa de asociarse con otro club.

Para levantar la suspensión de la afiliación, LCF exige el pago de todos los pases (definitivos o cedidos desde el inicio del conflicto), y Talleres solamente acepta abonar por las operaciones que hizo con jugadores “originarios”, es decir, formados en el medio local, como ya lo hizo con los casos de Nahuel Bustos y Federico Navarro. Pidió la intervención de los gobiernos provincial y municipal para que mediaran en el conflicto.

Situación actual y afectadas/os. Al estar suspendida la afiliación de la Liga Cordobesa de Fútbol, todas las categorías del semillero albiazul que compiten en sus torneos no pueden sumar los puntos obtenidos en la cancha. Tampoco pueden dar de baja a jugadores ni incorporarlos. Por razones varias (contagios de Covid-19 “informados”), el combinado femenino pidió la postergación de su primer partido y no se presentó a jugar los dos siguientes por no contar con el mínimo de siete jugadoras, argumento por el que la Liga Cordobesa procedió a la expulsión y a la suspensión por tres años.

Incidencia con el primer equipo en AFA y en Conmebol. El primer equipo masculino no fue afectado, más allá de que la Liga Cordobesa dio parte a la “AFA Unificada” de Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, de la que Talleres es crítica. Su pertenencia al torneo se sostiene por “el mérito deportivo”. En cuanto a sus competiciones en AFA y en Conmebol, el equipo femenino y la Reserva en competencia “nacional o regional” son un requisito para obtener la licencia. ¿La alternativa? Asociarse a otro club que ya la tenga. Por ahora, las chicas vienen jugando partidos amistosos.

Inicio. La LCF intimó en agosto de 2020 a Talleres para que pagara el dos por ciento por la operaciones realizadas por Facundo Medina, Andrés Cubas (ambas fueron ventas al fútbol francés por cuatro millones y 3.400.000 dólares brutos, respectivamente) y Guido Herrera. El 21 de septiembre, la directiva contestó que “el pago reclamado procede cuando se cedan derechos de un jugador ‘originario’ de la LCF, situación que no se verifica en el caso, toda vez que los jugadores Medina, Cubas y Herrera no son originarios de la LCF”, al tiempo que “se podría considerar una ‘doble imposición económica’ sobre una misma renta que se “abona por ese mismo concepto a la AFA ese porcentaje por transferencias, motivo por el cual no resulta razonable, equitativo ni ajustado a derecho que la LCF pretenda percibir por el mismo hecho un monto similar”.

Desde ese momento hasta hoy hubo más de 10 operaciones, entre ellas, las más altas de la historia de Talleres, como las ventas del 65 por ciento de los pases de Nahuel Bustos (al City Group) y de Piero Hincapié (al Bayer Leverkussen) en 7,6 y 7,5 millones de dólares, respectivamente.

La posición actual de Talleres y el pedido de intervención. Talleres sigue exigiendo que se resuelva por la cuestión de la “doble imposición” y que se determine con exactitud el concepto de “originarios”, para resolver de una vez el conflicto. Más allá de su acuerdo, Talleres accedió a abonar por los jugadores “originarios” que transfirió, caso Nahuel Bustos y Federico Navarro (al Chicago Fire), a cambio de que la LCF dejara “sin efecto las sanciones impuestas y evitar seguir generando mayores perjuicios a jugadoras, a jugadores y a las instituciones de nuestro fútbol”.

La contrapropuesta de la Liga. La aceptó la propuesta de Talleres, pero no cedió en cuanto a los “no originarios” y concedió un plan de pagos de 12 cuotas. “La oferta de la Liga consiste en aceptar el ofrecimiento del Club Atlético Talleres para abonar el porcentaje correspondiente a las transferencias internacionales de los jugadores Nahuel Bustos y Federico Navarro, al tiempo que se propone un plan de pagos de 12 cuotas iguales y consecutivas por el resto de la deuda”, respondió la LCF para la que Talleres solamente habría pagado un 20 por ciento del total reclamado.

Lo último. Talleres pidió directamente la “intervención” de las autoridades del Gobierno de Córdoba y de la Municipalidad. El club citó al semillero y a directivos en la Boutique de barrio Jardín para hacer el anuncio. La LCF emitió una nota muy dura.

Denuncias y archivo. La Liga decidió judicializar el conflicto. Sus autoridades denunciaron civil y penalmente al presidente y al secretario albiazules, Andrés Fassi y Gerardo Moyano, por supuesta “retención indebida” del pago correspondiente a las transferencias de Facundo Medina, Guilherme Paredes, Adrián Cubas, Leandro Godoy y Guido Herrera.

El fiscal Raúl Garzón archivó la denuncia penal porque entendió que el hecho denunciado no configuraba “ilícito alguno”, habida cuenta de que Talleres no se encontraba obligado al pago de tal porcentaje, ya que los jugadores referidos “no son originarios de la LCF, sino que han sido inscriptos en la LCF por cuestiones formales”. Quedó pendiente la apelación que pudiera hacer el ente rector del fútbol cordobés y el proceso civil.

Intimación y contestación, primer cruce

La Propuesta de Talleres

La contrapropuesta de la Liga