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Al juez Tale lo acusan de “falsedad ideológica” en la licitación.

Federico Jelic /
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Otra vez el gerenciamiento de Ateliers aparece inmerso en la incertidumbre sobre su futuro en lo institucional. Es que la Cámara de Acusación resolvió confirmar la competencia del fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, como encargado de investigar la denuncia en contra el juez Carlos Tale, quien maneja la quiebra de Talleres, contra el órgano fiduciario que controla los destinos de la entidad y el gerenciamiento de Ateliers, comprometiendo seriamente la continuidad de la actual concesión, y con posibles sanciones.

La denuncia fue presentada por el grupo de socios «La Causa» a fines del año pasado, y tendría la siguiente resolución: al magistrado y a los fideicomisarios José Preve (contador), Jorge Nasser (abogado) y a Mario Sarrá (idóneo deportivo) se los presume autores del delito de «falsedad ideológica»; mientras que al gerenciador Carlos Granero se lo acusa de «administración fraudulenta».

La denuncia los ubica como protagonistas de una posible maniobra, que significaría adulteración a sabiendas del contenido informativo del pliego de licitación, a los efectos de entregarle la adjudicación a Granero, quien en definitiva se vio beneficiado como el único oferente de la concesión pública de Talleres.

Cabe destacar que los fideicomisarios Preve y Nasser fueron removidos de sus cargos por inacción en sus funciones, según lo decidió el magistrado, pero siguen involucrados en la causa. Quedan al margen de la situación sus reemplazantes, el contador Gustavo Eluani y el abogado Walter del Valle Ruffener, respectivamente.

Ahora la Cámara promueve requerimiento de investigación penal y destina a la jueza de Control, Ana María Lucero Offredi, encargada del Fuero Económico-Penal, a continuar la causa. A principio de año, la misma jueza se había declarado incompetente de la situación, derivándola a otras fiscalías. Fue a la de Carlos Matheu, quien también tuvo en su despacho la denuncia y la envió a la Cámara Superior, encargada del seguimiento de la investigación.

La resolución fue tomada por fuentes cercanas a Tribunales como «muy grave», y en caso de que las exposiciones y los nuevos descargos presenten evidencias sobre los delitos anteriormente indicados, provocaría la revocación del gerenciamiento, y hasta significaría la destitución de Tale en su cargo.

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Granero y Ateliers, otra vez en la incertidumbre.

Tembladeral. Ateliers no sale del ojo de la tormenta. La semana pasada el Juzgado lo intimó a pagar los haberes atrasados del plantel profesional correspondiente a los meses de marzo, abril y marzo, y hasta apareció una notificación de Futbolistas Argentinos Agremiados en virtud de presionar para que efectúe el pago de los contratos privados, o «en negro», en los cuales existe un retraso considerable.

A esto se suman las dificultades de la gerenciadora para conformar el plantel que afrontará la próxima temporada.

Viola: “Dimos un gran paso”. El abogado Osvaldo Viola, patrocinante del grupo «La Causa» en la querella, mostró satisfacción por el avance que tuvo la denuncia contra el juez, el órgano fiduciario y el gerenciamiento, en la Fiscalía Anticorrupción, y señaló: «Consideramos que hay pruebas fehacientes sobre actos ilícitos en el proceso licitatorio. La Justicia fue muy lenta y llevó a Talleres a este estado. El Juzgado debería ser intervenido».

Añadió que «hubo incumplimiento por parte del juez, porque se aparta de la ley. Vamos a seguir presentando elementos en función de demostrar la existencia de corrupción. No entiendo como Tale nunca se apartó de la causa por «motu proprio» estando sospechado, ni cómo el Tribunal Superior no definió su situación procesal. Lo importante es que dimos un gran paso y no vamos a parar hasta que se cumplan nuestras denuncias», cerró Viola.

Por su lado, el representante legal de «Los Notables», Alejandro Pérez Moreno, también dio su parecer: «La Justicia confirmó que nuestros requerimientos son válidos. Hay probabilidad de delitos en la confección del pliego, en perjuicio de otros oferentes. Ya saltamos los obstáculos jurídicos para llevar a cabo la investigación, y vamos a participar activamente en busca de más irregularidades».