Las favorables expectativas que generó el saludable cambio de tribunal en la tramitación de la quiebra del Club Talleres, se han evaporado en poco tiempo.

El juez Saúl Silvestre, que exhibió como antecedente personal el manejo del quebranto del Club Belgrano, una situación sin conflictos y ni rispideces, se enredó en la maraña de intereses que campea el proceso de Talleres. Por lo pronto, el magistrado sabe mejor que nadie que ambos casos no se parecen en nada y que el antecedente de uno no sirve para el otro.

El derrumbe del ex juez Carlos Tale, complicado en una maniobra que le ocasionó los peores dolores de cabeza desde que llegó a la magistratura provincial, superando incluso las polémicas quiebras del Hospital Español (que le valió una denuncia penal) y la Cervecería Córdoba, debió resultar un alerta rojo para el nuevo titular del caso.

Tale fue excluido de la quiebra de la institución albiazul por poner en crisis el principio de imparcialidad en el juicio. El motivo con que la Cámara Tercera Civil y Comercial decidió excluirlo es de una gravedad alarmante.

Se trata de una causal tan seria, que hasta el Tribunal Superior de Justicia, donde Tale contaba con algunas buenas voluntades en su favor, pidió a la Fiscalía General la destitución del magistrado, por mal desempeño.

Es que para nadie, incluida la conducción del Poder Judicial, resulta un hecho menor que uno de sus miembros, sin dar cuentas a nadie y sin dejar constancia de nada, se marche a México invitado por una parte (el Club Pachuca), que pretendía gerenciar a Talleres por 25 años.

En medio de la cosecha de malas noticias que coleccionó Tale, luego de su tropezón camino al Distrito Federal mexicano, llegó la del fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco.

Dispuso un pedido de investigación penal en contra del juez y los integrantes del órgano fiduciario Gustavo Eulani y Daniel Ruffener, acusados de incumplimiento a los deberes de funcionario público. Para el fiscal no consignar el viaje y sus motivos en el expediente, resultó más que una mera sospecha de parcialidad, se trató de una presunta comisión de un delito.

Así como los pesares de Tale corren hoy por cuerda separada a la quiebra de Talleres, los pedidos de investigación penal a los fiduciarios impactan directamente en la credibilidad de la causa. Eso es responsabilidad exclusiva y excluyente del juez Silvestre, quien debió apartarlos para bien de la causa.

Si bien es cierto que el principio de inocencia establece que una persona goza de dicha condición hasta que medie una condena en su contra, y tal es el caso de los imputados Tale, Eulani y Ruffener, la sospecha de haber perdido la imparcialidad en el caso, hizo que los camaristas civiles apartaran al juez.

Los integrantes del fideicomiso no deberían quedar excluidos de semejante situación como para que el juez Silvestre, bañe al juicio de transparencia y designe nuevos funcionarios alejados de las suspicacias del pasado reciente.

De la misma manera que la suerte del juez no impacta, en la causa la permanencia de los fideicomisarios Eulani y Ruffener, tienen una incidencia directa.

Silvestre, a la luz de lo ocurrido, decidió hacer oídos sordos a las sospechas que un fiscal Anticorrupción acumuló contra los funcionarios, como para llevarlos a rendir cuentas por la presunta comisión de un delito.

Claro que alguien deberá pagar la cuenta de la transparencia y el mantenimiento de los acusados en el juicio, que afectan el principio de la imparcialidad, y que no puede ser otro que mismísimo Silvestre.

El proceso judicial que condensa el quebranto de Talleres, necesitó desde el mismo día que se produjo el esperado cambio de aire que le imprimió la Cámara Civil cuando destituyó a Tale de su conducción, una vuelta de campana.

Silvestre quedó atado a las viejas recomendaciones judiciales que terminaron por complicarle el proceso, perdiendo la oportunidad de comenzar todo de nuevo barriendo a los actores cuya presencia desembocó en un viaje sin parangón al campamento de uno de los interesados.

Silvestre perdió aquella oportunidad, de convertirse en la autoridad prudente, equilibrada e imparcial del juicio.

A pesar de contar con una resolución judicial de un fiscal que pone nuevamente blanco sobre negro, el magistrado aparece dispuesto a dejar pasar la oportunidad por segunda vez, manteniendo en el cargo a funcionarios investigados penalmente por la propia Justicia de la que forma parte.

La pregunta entonces sería saber si el juez Silvestre es ajeno a ello o bien está dispuesto a continuar adelante con los viejos vicios que arrastra la quiebra mientras se encamina, otra vez en dirección a un pantano.