"Mientras esté incriminado, no voy a hablar". Con estas palabras, el juez Carlos Tale ratificó que no abandonará su perfil bajo, el que solamente abandonó cuando dictó la resolución de quiebra y aplicó la ley de salvataje 25.284 en el caso Talleres.

El magistrado se excusó amablemente ante el pedido de este diario y luego se metió a su despacho, descartando la posibilidad de hacer un descargo público ante la denuncia que el grupo de socios "notables" les formulara a él y al fideicomiso por supuestas irregularidades en el pliego licitatorio con el que Ateliers llegó a gerenciar.

Esa presentación fue remitida por el fiscal Hugo Amayusco a la jueza de control Ana María Lucero Offredi, quien determinará si le da curso o archiva la causa. Sin embargo, fuentes tribunalicias dieron cuenta de cierto malestar del propio Tale, ante el escaso respaldo que habría recibido ante algunas muestras desaprobatorias hacia su gestión en el proceso de quiebra de Talleres, como pintadas y manifestaciones en su domicilio particular.

La Asociación de Magistrados de Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba emitió dos comunicados respaldatorios y una solicitada de varios abogados. Pero la repercusión de las respectivas notas no habría sido la esperada.