El gobernador Schiaretti dijo que se prorrogará una ley que suspenderá el remate del inmueble por 180 días. Inquietud en Instituto y Belgrano.

La crisis de Talleres pasó del ámbito deportivo-judicial al político. Ayer, a la tarde, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anticipó que se prorrogará la ley 9.485 para evitar la ejecución de los bienes de los clubes cordobeses por 180 días, una medida que redundará en un beneficio para Talleres, cuyo predio iba a ser vendido el mes que viene para achicar el pasivo de 31 millones de pesos.

Paralelamente, hay rumores de que el Estado hará un aporte sustancial del dinero, posiblemente a cambio de publicidad del Banco de Córdoba.

Esa intervención oficial generó algo de inquietud en Instituto (hace poco salió del concurso de acreedores) y Belgrano (a punto de levantar su quiebra), que además de reclamar trato igualitario, consideran que se está premiando a un club que se manejó mal (ver en Página 4).

“La Provincia, lo que puede hacer es prorrogar la ley que evita el remate de los clubes y eso lo vamos a hacer; la ley vence el 3 de julio. Para que haya un plazo prudencial. Pero son los socios que más pueden los que deben resolver esto”, dijo ayer el gobernador Juan Schiaretti.

Jugada legislativa. En la edición de ayer de La Voz del Interior , la legisladora Nadia Fernández (“Peronismo Militante”) anticipó que pediría, en la sesión de hoy, la prórroga de la ley mencionada, una iniciativa ya estaba en consideración del oficialismo. Además, había reclamado la fuerte intervención del Gobierno provincial, tal como se involucró el de Tucumán con subsidios importantes para San Martín y Atlético.

Pasado el traspié ante Atlético Tucumán, el domingo pasado, que dejó a Talleres al borde de perder la categoría, la atención se fijó en el predio de las 24 hectáreas. Es el inmueble que el juez Carlos Tale, a cargo de la quiebra, remataría el próximo 3 de julio y cuya tasación rondaría los 22 millones de pesos.

Es el mismo predio que el concesionario Carlos Ahumada, enfrentado con el juez Tale porque no quiere prorrogarle el contrato más allá de del 30 del corriente, remodeló para que demostrar que no podría rematarse al cumplir un fin “social” con las prácticas de los juveniles.

La trinchera de Ahumada. Con la intervención del oficialismo en la suspensión del remate del predio, Ahumada recibió una mano en la defensa para uno de los íconos de su gestión. Habrá que ver si tiene el mismo apoyo en la decisión del juez Tale, quien dijo que no le prorrogará la concesión.

La ley contra los remates presenta reparos para los participantes del proceso de quiebra del club que son el juez, el fideicomiso, los acreedores y el mismo club fallido, a partir de la abogada Graciela Arlla.

“Si el juez entiende que esa ley no es de aplicación a este proceso de quiebra, podría continuar con la ejecución de los bienes, declarando su inconstitucionalidad. Si se somete a esta ley provincial, el fideicomiso, los acreedores del club o la fallida, que es la entidad, puede pedir la invalidez, inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la misma sobre este proceso. Los acreedores ven afectados su derecho al cobro”, dijo Agustín Alba Moreyra, abogado concursal.

“Si ninguna de las partes quiere intervenir. Entonces por 180 días, el predio no se podrá tocar”, agregó el letrado. Ahora bien, ¿cómo generará el juez y el fideicomiso un ingreso sustituto del predio para pagar la deuda? Ahumada no es una opción ya que pretende continuar con el canon que establece el pliego (200 mil pesos semestrales).

Pero, en las últimas horas, surgieron varias alternativas para generar aportes: La Fundación Azul y Blanca (ver La crisis”), La Liga Cordobesa de Fútbol (ver Reunión...) y el mismo Gobierno.